sábado, 13 de septiembre de 2008

Los paises del Primer Mundo condenan el SAP en el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos en la Argentina los jueces de familia lo avalan




El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y los paises desarrollados claramente condenan a los Estados que practican el SAP, ver fuente -www.amordepapa.org, www.afamse.org.ar www.apa deshi.com.ar, mientras que en la Republica Argentina los jueces de familia no respetan los pactos internacionales firmados y desde el mismo Estado nada se hace al respecto.

CASO 1-

Madres y Padres Separados apoyan el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a favor de la custodia compartida FEDERACION ANDALUZA DE MADRES Y PADRES SEPARADOS “FASE” Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD. Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: 1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES SEPARADOS FEDERACIÓN CATALANA DE AFECTADOS DE SEPARACIONES Y DIVORCIOS Portavoz en Cataluña: Nuria Sauné Corral, Tf: 606 99 38 07, E-mail: nsaune@hotmail.com http://www.unidosporlacustodiacompartida.org/ http://www.custodiacompartida.org/ NOTA DE PRENSA: Madres y Padres Separados apoyan el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a favor de la custodia compartida Madrid, 18 de septiembre de 2008. La Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados APOYAMOS los argumentos del Tribunal Superior de Justicia catalán, expresados en una sentencia de la que se han hecho eco hoy innumerables medios de comunicación, argumentos que inciden en que la custodia compartida es beneficiosa para el desarrollo de los menores, pues evita el "conflicto de lealtades" al que se les somete en regímenes de custodia exclusiva, e incluso la custodia compartida, según el criterio del alto Tribunal, favorece la comunicación y mejora la relación entre los progenitores al colocarles en situación de equilibrio e igualdad. Esta Confederación comparte, asimismo, la opinión del TSJ de Catalunya que resta valor al requisito previsto en el código civil español según el cual no se podrá conceder la custodia compartida, en caso de desacuerdo entre los padres, sin el informe favorable del Ministerio Fiscal. En efecto, de acuerdo con la Constitución, el punto de vista del Fiscal no puede ser vinculante para el Juez, pues éste deberá emitir sentencia valorando todas las pruebas e informes, entre ellos el del Ministerio Fiscal, sin que éste, no obstante, le ate de pies y manos. Desde esta Confederación se comparte también la propuesta del Tribunal Superior de Justicia catalán que dice que la concesión de la custodia compartida no debe implicar la desaparición de toda pensión de alimentos. Siempre que estas pensiones se ajusten a la realidad social actual, tengan en cuenta el problema de la vivienda y sean verdaderamente proporcionales a la capacidad económica del que percibe mayores ingresos, será razonable que se busquen fórmulas para equilibrar el esfuerzo económico de ambos progenitores en la crianza de los hijos comunes, incluso en los regímenes de custodia compartida; valorando, eso sí, que en estos regímenes ambos padres deben dar alimento a los hijos en igual medida, pues conviven durante periodos semejantes con ellos. Apoyamos pues, la valoración que el alto tribunal realiza sobre la Custodia Compartida y confiamos en que su criterio conduzca la línea de referencia de los juzgados de familia de Cataluña, así como de las Audiencias Provinciales. Bajo nuestro punto de vista, la doctrina y los razonamientos en los que se sustentan la mayoría de las sentencias favorables a la custodia exclusiva, más fundados en el prejuicio y el estereotipo de género que en el derecho, lesionan gravemente los derechos del menor produciéndole un daño irreparable y unas consecuencias devastadoras para su desarrollo personal. Federación Andaluza de Madres y Padres Separados (FASE) Avda. Nicolás Salmerón, 30 - 2ºB 04700 - El Ejido (Almería) Teléfonos: 675 512 308 / 639 611 501 E-mail contacto: faseandalucia@gmail.com Web: http://faseandalucia.iespana.es/ En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que, su dirección de correo electrónico forma parte de un fichero automatizado, cuya confidencialidad está garantizada. Usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos. Además, en cualquier momento, si es usted particular, puede manifestar su deseo de NO seguir recibiendo INFORMACION de FASE. Para ejercitar este derecho, y no volver a recibir nuestra información, por favor, respóndanos al email (faseandalucia@iespana.es) desde la dirección de correo electrónico donde recibe los emails poniendo la palabra BAJA en el asunto del mensaje. Recogeremos su petición y le daremos de baja de nuestra base de datos, así mismo, informamos que FASE no se hace responsable de los reenvios que se hagan de nuestros mensajes a otras cuentas de correos electrónicos que no estén en la base de datos de la Federación Andaluza de Madres y Padres Separados. In compliance with the provisions of Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data, we inform you that your email address is part of a computerized database, whose confidentiality is guaranteed. You have the right to object, access, modification and deletion of data. 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CASO 2

(Fuente amordepapa.og)
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE KOUDELKA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 1633/05)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2006
DÉFINITIF

20/09/2006




Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Koudelka c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M. P. Lorenzen, président, Mme S. Botoucharova, MM. K. Jungwiert, V. Butkevych, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. J. Borrego Borrego, Mme R. Jaeger, juges,et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 1633/05) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jiří Koudelka (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 janvier 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me V. Široký, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 22 février 2005, le président de la chambre a décidé de traiter la requête par priorité (article 41 du règlement).
4. Le 11 mai 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
5. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1957 et réside à Prague.
7. La fille du requérant est née en 1990. Depuis mars 1991, l’intéressé ne vit plus avec la mère de l’enfant, E.P.
8. Par le jugement du 20 octobre 1992, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1 confia la garde de l’enfant à E.P. et enjoignit au requérant de payer une pension alimentaire.
9. Le 11 mars 1993, le requérant demanda au tribunal de déterminer son droit de visite, alléguant que E.P. l’empêchait de voir leur fille. E.P. réclama qu’il soit privé de l’autorité parentale.
10. Au moins sept audiences eurent lieu entre novembre 1993 et octobre 1995. Les experts désignés les 13 avril et 20 mai 1994 présentèrent leurs rapports les 10 janvier et 27 septembre 1995 ; ils ne relevèrent aucun obstacle au contact du requérant avec sa fille mais firent observer les relations conflictuelles entre les parents et l’attitude négative de la mère, dont la coopération était selon eux indispensable pour la mise en œuvre d’un droit de visite.
11. Par le jugement du 24 octobre 1995, le tribunal rejeta la demande d’E.P. tendant à priver le requérant de l’autorité parentale et accorda à ce dernier un droit de visite médiatisé : ses rencontres avec l’enfant devaient avoir lieu un jeudi après-midi sur deux dans un centre de prévention sociale et avec l’assistance d’un spécialiste.
12. Entre septembre 1995 et février 1996, le requérant fit l’objet de plusieurs plaintes pénales portées à son encontre par la fille aînée de E.P. ou faites en présence de cette dernière. Ces plaintes, concernant les prétendus abus sexuels et attaques, furent classées sans suite le 13 décembre 1996.
13. Le 28 mars 1996, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague, saisi de l’appel de E.P., confirma le jugement du 24 octobre 1995.
14. Au cours de 1996, le requérant s’enquit à plusieurs reprises auprès du tuteur de l’enfant si son droit de visite allait se réaliser.
15. Les 30 septembre, 25 novembre 1996 et 20 février 1997, le centre de prévention sociale informa le tuteur et le tribunal qu’aucune rencontre n’avait encore eu lieu car E.P. s’excusait constamment par l’intermédiaire d’autres personnes, et que le contact avec elle n’avait pas pu être établi ; le requérant, quant à lui, se rendait au centre régulièrement.
16. Le 15 novembre 1996, le tribunal somma E.P. de respecter ses obligations. Le tuteur fit de même les 9 décembre 1996 et 16 mai 1997 ; le 11 février 1997, il s’entretint avec E.P. à son domicile.
17. Il ressort d’un procès-verbal établi par le tuteur le 3 mars 1997 que le requérant demandait que E.P. soit convoquée au tribunal afin d’être amenée à respecter la décision sur le droit de visite.
18. Les 28 janvier, 5 mars 1997 et 13 mai 1998, le tuteur proposa au tribunal d’infliger à E.P. une amende pour non-respect de la décision sur le droit de visite, considérant que la réalisation de celui-ci était dans l’intérêt de l’enfant. Les 23 janvier et 20 avril 1998, il informa le tribunal que E.P. continuait à s’opposer au droit de visite.
19. Le 26 mars 1998, le requérant sollicita l’exécution de son droit de visite, faisant valoir que E.P. l’empêchait de rencontrer l’enfant.
20. Le 21 mai 1998, le tribunal invita les parents à comparaître devant lui en date du 20 juillet 1998 ; E.P. s’excusa en alléguant qu’elle serait hors de Prague.
21. Le 7 juillet 1998, le tuteur proposa que le requérant rencontre sa fille au sein d’une association spécialisée car le centre de prévention sociale avait cessé d’exister. Le 16 septembre 1998, ladite association fit savoir que E.P. n’avait jamais réagi à son offre.
22. Selon le Gouvernement, entre juin 1998 et mai 1999, le requérant déclara à trois reprises devant le tuteur qu’il n’avait pas l’intention de se rendre personnellement au domicile de sa fille ou de la contacter directement, craignant une vengeance de E.P. sous forme d’une plainte pénale. Le tuteur l’aurait en vain incité à se montrer plus actif et lui aurait suggéré d’autres formes de contact.
23. Les 24 août 1998 et 8 février 1999, l’intéressé relança sa demande d’exécution.
24. Le 14 avril 1999, il se plaignit des retards de la procédure d’exécution auprès du président du tribunal d’arrondissement. Dans sa réponse du 22 avril 1999, la vice-présidente du tribunal informa le requérant qu’une amende de 2 000 CZK[1] avait été infligée à E.P. le 20 avril 1999 pour non-respect du jugement du 24 octobre 1995 et que l’affaire allait faire l’objet d’un suivi, afin d’éviter d’autres retards de la procédure. L’infliction de l’amende fut entérinée par le tribunal municipal le 25 octobre 1999.
25. Les 15 avril et 23 mai 2000, le requérant forma de nouvelles demandes d’exécution de son droit de visite, qu’il concrétisa le 20 juillet 2000 en demandant d’infliger à E.P. une amende au motif qu’elle n’avait jamais amené la mineure dans le centre déterminé par le jugement.
26. Le 26 juin 2000, le requérant porta une plainte pénale à l’encontre de E.P., au motif qu’elle faisait obstacle à l’exécution de la décision judiciaire.
27. Le 6 octobre 2000, le tribunal infligea à E.P. une amende d’un montant total de 3 800 CZK[2], et ce pour avoir empêché dix-neuf rencontres du requérant avec sa fille entre les 4 novembre 1999 et 13 juillet 2000. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal le 1er février 2001.
28. Il ressort des rapports du tuteur datant de février 2001 que le requérant n’avait pas manifesté d’intérêt pour sa fille car il craignait une nouvelle plainte pénale de la part de E.P. ou de sa fille aînée. Le tuteur constata que les rencontres ne s’étaient pas réalisées en raison de la résistance de E.P. mais que le requérant n’avait pas essayé de recourir à d’autres formes de contact qui lui avaient été suggérées.
29. Le 26 avril 2001, le tribunal débouta E.P. de sa demande tendant à l’interdiction provisoire de contact entre l’intéressé et l’enfant. Cette décision fut confirmée par le tribunal municipal en date du 13 novembre 2001. En même temps, E.P. intenta une procédure sur le fond.
30. Par le jugement du tribunal d’arrondissement rendu le 22 août 2001, E.P. fut reconnue coupable d’avoir fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice et se vit infliger une peine de trois mois de prison avec sursis simple. Selon les informations fournies par le requérant, le tribunal constata à la fin de la période probatoire qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la faveur de sursis et, partant, de convertir la peine infligée à E.P. en prison ferme.
31. Entre septembre et novembre 2001, l’avocat du requérant s’adressa plusieurs fois au représentant de E.P. en vue d’amener celle-ci à respecter le jugement du 24 octobre 1995.
32. Le 7 mars 2002, le tribunal d’arrondissement rejeta une nouvelle demande de mesure provisoire par laquelle E.P. tendait à l’interdiction de contact entre le requérant et l’enfant. Il releva notamment qu’une procédure portant sur le fond de cette question était en cours, lors de laquelle il fallait déterminer s’il y avait eu un changement de circonstances justifiant la modification de la décision qui accordait au requérant un droit de visite. Cette décision fut confirmée le 29 avril 2002.
33. Le 26 mars 2002, l’intéressé sollicita l’exécution de son droit de visite par le biais de l’infliction d’une amende à E.P.
34. Le 8 juin 2002, l’avocat du requérant s’adressa à E.P. en l’invitant à respecter le droit de visite de l’intéressé.
35. Après un entretien préalable avec le requérant, un centre spécialisé organisa une tentative de rencontre entre lui et sa fille, le 9 juillet 2002.
D’après le rapport établi par un psychologue ayant été présent, la rencontre n’avait duré que trois minutes car la mineure refusait de parler au requérant et se comportait de manière hystérique. Selon le psychologue, E.P. faisait développer chez l’enfant le syndrome d’aliénation parentale, compromettant ainsi l’évolution de ses rapports envers le sexe opposé, et l’encourageait dans ses manifestations hystériques et égocentriques. Etant donné que le requérant avait été reconnu apte à élever l’enfant, s’intéressait à elle et s’acquittait de la pension alimentaire, l’expert considéra qu’il pourrait compenser les manquements de l’éducation dispensée par E.P. ; une psychothérapie de la mineure, accompagnée, le cas échéant, de son hospitalisation, fut préconisée.
Une assistante sociale estima qu’il ne serait pas bénéfique pour la mineure de réitérer une telle tentative de rencontre et qu’il était impensable que le contact se réalise sans une thérapie préalable, à laquelle E.P. n’allait cependant pas consentir. Elle recommanda de ne pas faire pression sur l’enfant.
Par la lettre du 31 août 2002, E.P. mit fin à la coopération avec ledit centre.
36. Le 6 février 2003, le tribunal d’arrondissement décida de reporter la décision sur la demande d’exécution introduite par le requérant le 26 mars 2002, et ce jusqu’à la décision définitive rendue dans la procédure sur l’interdiction de contact. Le tribunal nota à cette occasion que si le droit de visite allait être maintenu, il serait nécessaire d’examiner la question de savoir quel centre spécialisé pourrait aider au rétablissement du contact entre le requérant et sa fille.
37. Après le report de l’audience prévue au 20 mai 2003, sollicité par E.P. pour des raisons de santé, quatre audiences eurent lieu entre les 12 août 2003 et 13 janvier 2004. Lors de celles-ci, le tribunal entendit le psychologue, l’assistante employée par le centre spécialisé et le requérant, qui réagit positivement à la proposition du tuteur de suivre une thérapie familiale. E.P. refusa d’abord cette initiative mais se déclara intéressée par la suite ; elle ne se présenta cependant pas au rendez-vous fixé au 8 janvier 2004.
38. Le 15 janvier 2004, un expert en psychologie fut désigné par le tribunal afin de répondre à la question de savoir si le contact avec le requérant serait ou non bénéfique à la mineure. Après que cet expert se désista en raison de la surcharge de travail, un autre fut nommé le 22 mars 2004.
39. A la suite d’une plainte formée par E.P., le médiateur effectua une enquête en l’affaire ; dans son rapport du 24 mars 2004, il ne constata aucun manquement dans le travail du tuteur. Il estima par ailleurs qu’il était dans l’intérêt de la mineure, subissant depuis longtemps une pression négative et souffrant du syndrome d’aliénation parentale, d’être soignée par un expert dans un milieu neutre.
40. Depuis le 25 avril 2004, le requérant fut hospitalisé pour une blessure grave. Etant donné que celle-ci l’empêchait de se soumettre à l’examen nécessaire pour l’établissement du rapport d’expertise, la procédure relative à l’interdiction de contact fut suspendue, le 2 décembre 2004, pour une période de cinq mois.
41. Le 16 juin 2005, le requérant se rendit chez l’expert aux fins dudit examen. En revanche, invoquant des raisons de santé, E.P. ne se présenta à l’examen ni le 16 juin ni le 1er août 2005, malgré une sommation du tribunal l’avertissant de la possibilité d’être amenée chez l’expert par la police. Au 7 septembre 2005, date des observations du Gouvernement, le rapport d’expertise n’était pas encore élaboré ; le Gouvernement nota cependant que selon des spécialistes, la mineure était psychiquement instable, entièrement dépendante de E.P., réagissait mal au stress et, du fait de l’influence de sa mère, haïssait le requérant sans même le connaître.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
42. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 43-51, CEDH 2003‑VIII (extraits)) et dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint que les autorités nationales n’ont pas déployé suffisamment d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de sa fille en dépit de la résistance de la mère. Elles auraient ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention, qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
44. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
45. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir introduit le recours constitutionnel.
46. Le requérant s’y oppose, faisant valoir qu’il aurait pu s’adresser à la Cour constitutionnelle seulement s’il avait sollicité l’adoption d’une certaine décision ou le redressement d’un préjudice résultant d’une décision illégale. Or, il demandait en l’occurrence l’exécution d’une décision définitive. L’objet de sa requête repose donc sur le fait que les autorités tchèques ne disposent d’aucun mécanisme efficace lui permettant de dûment exercer ses droits reconnus.
47. La Cour note que l’article 82 § 3 de la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle dispose que, si le recours constitutionnel est accueilli, la Cour constitutionnelle annule la décision attaquée rendue par une autorité publique ou, si la violation d’un droit garanti par la Constitution résulte d’une ingérence autre que la décision, elle interdit à l’autorité respective de poursuivre la violation de ce droit et lui ordonne de rétablir, si possible, le statu quo ante.
A cet égard, il convient de relever, comme la Cour l’a fait dans l’arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, § 67, CEDH 2003‑VIII (extraits)) concernant le grief tiré de la durée de la procédure que, si la Cour constitutionnelle tchèque constate que la procédure à l’origine du recours constitutionnel souffre de retards imputables à une juridiction donnée, elle peut ordonner à cette dernière de mettre fin à ces retards et de poursuivre la procédure sans délai. Cependant, tout en admettant que cette injonction puisse avoir un effet d’accélération sur le déroulement de la procédure au cas où elle est immédiatement respectée par la juridiction en question, la Cour a également noté que la législation tchèque ne prévoyait aucune sanction en cas d’inobservation. Contrairement au Tribunal fédéral suisse (voir Boxer Asbestos S.A. c. Suisse (déc.), no 20874/92, 9 mars 2000, non publiée) ou au Tribunal constitutionnel espagnol (voir Gonzalez Marin c. Espagne (déc.), no 39521/98, CEDH 1999-VII), la haute juridiction tchèque n’est donc pas compétente pour prendre des mesures concrètes en vue de faire accélérer la procédure litigieuse.
48. En l’espèce, le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 8 se fonde sur l’allégation que les tribunaux nationaux se sont montrés laxistes, voire inactifs, dans la procédure d’exécution de son droit de visite et qu’ils ont toléré le non-respect de leurs décisions par la mère de l’enfant. Autrement dit, l’intéressé ne met pas en cause l’octroi de la garde à la mère ou les modalités de son droit de visite définies par le tribunal. Son but n’était donc pas l’annulation d’une décision judiciaire pour non-respect de la Convention, l’annulation qui peut en effet être prononcée par la Cour constitutionnelle, laquelle reconnaît ainsi une violation, la fait cesser et rétablit l’état de droit antérieur (voir, a contrario, le grief tiré de l’iniquité et de l’impartialité d’un tribunal soulevée dans l’affaire Kříž c. République tchèque (déc.), no 26634/03, 29 novembre 2005). Ce que le requérant dénonce devant la Cour, c’est que les tribunaux n’ont pas dûment réagi à ses demandes d’exécution et n’ont pas pris des mesures visant à lui permettre de réaliser son droit de visite (lesquelles mesures pouvaient être, conformément au code de procédure civile, la sommation adressée à la mère, l’amende infligée à cette dernière ou la remise forcée de l’enfant).
Vu les conséquences irrémédiables que pouvait en l’espèce avoir le passage du temps, il était fondamental que les tribunaux agissent avec célérité. La Cour estime dès lors que M. Koudelka se trouvait dans une situation analogue à celle des requérants dans l’affaire Hartman précitée : tout ce que la Cour constitutionnelle aurait pu faire, c’était d’ordonner au tribunal de poursuivre sans délai la procédure d’exécution du droit de visite. Or, une telle injonction n’aurait pas obligé la juridiction en question à accélérer ladite procédure car son inobservation n’aurait entraîné aucune sanction. Il convient de rappeler, en outre, que la Cour constitutionnelle tchèque n’était pas compétente pour accorder au requérant une quelconque indemnisation d’un préjudice moral subi du fait des retards déjà survenus (voir, mutatis mutandis, Hartman c. République tchèque, précité, § 68).
Par ailleurs, le Gouvernement, à qui il incombe de convaincre la Cour que le recours constitutionnel était en l’espèce susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès, n’a pas soumis de preuves concrètes permettant de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
49. Dans ces conditions, le requérant était fondé à considérer que le recours constitutionnel ne lui permettrait pas de faire effectivement valoir son grief tiré de la non-exécution de la décision portant sur son droit de visite ; il n’était donc pas tenu de l’exercer aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
50. La Cour constate par ailleurs que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
51. Le Gouvernement estime d’abord qu’il n’y a eu aucune ingérence négative dans les droits du requérant et que le grief doit être examiné sous l’angle des obligations positives que l’article 8 impose à l’Etat.
52. Selon le Gouvernement, différentes mesures ont été prises en vue d’exécuter le jugement du 24 octobre 1995. Le tribunal ainsi que le tuteur ont d’abord adressé à E.P. des sommations, et ce avant même que le requérant n’ait formé sa première demande d’exécution. Il est vrai que celle-ci, introduite le 26 mars 1998, n’a été tranchée que le 20 avril 1999, date à laquelle le tribunal a infligé une amende à la mère de l’enfant. A la suite des autres demandes de l’intéressé datant d’avril et de mai 2000, concrétisées le 20 juillet 2000, E.P. se vit enjoindre une autre amende en date du 6 octobre 2000. Puis, la plainte pénale du requérant a abouti à la condamnation de E.P. prononcée le 22 août 2001. Le Gouvernement note ensuite que dans le cadre de la demande de l’intéressé du 26 mars 2002, une rencontre entre lui et sa fille a été organisée le 9 juillet 2002. Cependant, eu égard à la réaction très négative de la mineure et au fait que E.P. réclamait la suppression du droit de visite, le tribunal a ensuite décidé de reporter la décision sur l’exécution jusqu’à l’issue définitive de la procédure portant sur ladite demande de E.P. Après que celle-ci a été suspendue en raison de l’état de santé du requérant, un rapport d’expertise était en cours d’élaboration au moment de la rédaction des observations du Gouvernement.
53. Le Gouvernement relève qu’une autre forme d’exécution, à savoir la remise forcée de l’enfant à l’intéressé, n’a jamais été proposée par ce dernier. En tout état de cause, vu les relations très conflictuelles entre les parents, il aurait été en l’espèce problématique de recourir à une telle mesure, d’autant plus qu’elle constitue une ingérence considérable dans la vie de l’enfant et nécessite la coopération de plusieurs autorités.
Il semble en outre que le requérant n’ait jamais bénéficié de conditions pour assumer l’éducation de sa fille, au cas où le tribunal déciderait en vertu de la loi sur la famille de modifier la décision sur la garde ; à présent, la situation se complique davantage du fait de son mauvais état de santé. Le Gouvernement note enfin qu’un éventuel placement de la mineure dans un établissement spécialisé ne semble pas non plus être la solution car il aurait des répercussions très négatives sur son psychique.
54. Le Gouvernement admet que le contact entre le requérant et sa fille ne se réalise pas et qu’ils ne se sont rencontrés qu’une fois, malgré les efforts des autorités nationales. Reste que les parents n’ont pas été capables de communiquer et que les différentes sanctions prononcées par les tribunaux n’ont pas dissuadé E.P., dont l’attitude haineuse envers le requérant est irréversible selon des spécialistes, de sa détermination d’empêcher au requérant de voir la mineure. De surcroît, cette dernière copie sa mère dans sa relation négative à l’égard de l’intéressé, n’a aucun souvenir de lui et ne veut pas le rencontrer. Selon le Gouvernement, le requérant a contribué à cette situation car son intérêt pour sa fille semble être seulement formel ; malgré de nombreux appels du tuteur, il s’en remet toujours aux autorités, il n’a jamais tenté d’entrer en contact avec sa fille (ou la mère), de lui envoyer une lettre ou un cadeau, de s’informer sur sa santé ou ses résultats scolaires.
55. Dans ces conditions, l’on ne saurait selon le Gouvernement accepter l’allégation du requérant selon laquelle les autorités nationales sont restées inactives face au comportement illicite de E.P. Le Gouvernement soutient que, guidées par le meilleur intérêt de l’enfant, elles ont déployé des efforts suffisants afin d’aider, dans les circonstances particulières de l’espèce, à améliorer la relation entre le requérant et sa fille. Or, l’intéressé lui-même reste assez passif, en dehors de son activité envers le tribunal, rejette la faute sur E.P. et les autorités nationales et ne semble pas respecter l’intérêt de l’enfant.
56. Le requérant soutient que le fait que les autorités nationales n’ont pas été en mesure d’assurer qu’il puisse réaliser son droit de visite conformément à la décision judiciaire définitive s’est clairement répercuté sur la relation entre lui et sa fille. Selon lui, les autorités n’ont pas pris les mesures nécessaires pour lui assurer un contact avec cette dernière et même le Gouvernement admet que leurs méthodes se sont révélées inefficaces. A cet égard, il observe que les amendes infligées à E.P. entre 1999 et 2001, dont le montant total s’élève à 5 800 CZK, à savoir 200 CZK pour chaque rencontre non réalisée, ne sauraient être considérées comme une mesure suffisante et susceptible d’amener la mère à changer d’attitude. Puis, s’il est vrai que E.P. a été condamnée au pénal, le requérant fait observer qu’à la fin de la période probatoire, il a été décidé, sans aucune justification, qu’il n’y avait pas lieu de révoquer la faveur de sursis et, partant, de convertir la peine infligée en prison ferme, et ce nonobstant le fait que E.P. n’a aucunement satisfait aux conditions définies par le tribunal car elle a continué pendant la période probatoire à l’empêcher de réaliser son droit de visite. Ces faits illustrent selon lui le manque de diligence des tribunaux.
57. Le requérant s’oppose également à l’allégation du Gouvernement selon laquelle son intérêt pour sa fille n’est que formel. A cet égard, il souligne que, sur l’incitation de E.P., plusieurs plaintes pénales ont été portées à son encontre en 1995 et 1996, c’est-à-dire au moment où le tribunal statuait sur la demande de E.P. tendant à le priver de l’autorité parentale ; par ailleurs, dans son appel interjeté contre le rejet de cette demande, E.P. invoquait un changement important de circonstances en se référant justement à la plainte pénale concernant les prétendus abus sexuels de sa fille aînée. L’intéressé observe que les faits qui lui étaient reprochées dans ces plaintes étaient très sérieux et qu’il a subi pendant une année une enquête stressante. Celle-ci a eu un effet diffamatoire pour lui et lui a causé un préjudice moral ainsi que social, bien que ces accusations se soient révélées fausses et que toutes les plaintes aient été classées sans suite. S’il n’a donc pas contacté sa fille directement, c’est parce qu’il craignait une autre vengeance de la part de E.P. Il observe par ailleurs que le Gouvernement ne semble pas prendre en compte les appels qu’il a adressés, par l’intermédiaire de son avocat, d’abord à l’avocat de E.P. et puis à E.P. elle-même (paragraphes 31 et 34 ci-dessus). Enfin, étant donné qu’il n’a jamais demandé l’octroi de la garde, l’intéressé estime sans pertinence l’argument du Gouvernement selon lequel il ne bénéficie pas de conditions pour assumer l’éducation de sa fille
58. Le requérant se dit entièrement conscient de la situation actuelle où sa fille, souffrant du syndrome d’aliénation parentale et pathologiquement fixée à la mère, le hait. Il estime cependant que la faute en revient non seulement à E.P. mais aussi à l’attitude laxiste des autorités nationales qui négligeaient pendant longtemps les avertissements des spécialistes. Selon lui, si les tribunaux avaient suivi les recommandations de ces derniers et s’ils avaient dûment utilisé les moyens légaux pour amener E.P. à lui permettre de réaliser son droit de visite, ladite situation aurait pu être évitée. Or, à présent, il est tenu de s’abstenir de tout contact avec sa fille pour préserver l’équilibre psychique de celle-ci et son rôle de père se limite au paiement de la pension alimentaire.
59. De l’avis du requérant, l’attitude susmentionnée des autorités, qui ont manqué à leur obligation fondamentale d’assurer l’exécution de leurs décisions, est donc l’une des causes principales de l’atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.
2. Appréciation de la Cour
60. La Cour rappelle que là où l’existence d’un lien familial au sens de l’article 8 de la Convention se trouve établie, l’Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 61, CEDH 2002‑I). Cependant, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n’est pas absolue, notamment lorsqu’ils ne se connaissent pas encore. Il arrive que de telles rencontres ne puissent avoir lieu immédiatement et requièrent des préparatifs. Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espère, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constitueront toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention (Nuutinen c. Finlande, no 32842/96, § 128, CEDH 2000‑VIII ; Voleský c. République tchèque, no 63267/00, § 118, 29 juin 2004).
61. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le contact entre le requérant et sa fille, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence. En recherchant si la non-exécution du droit de visite a entraîné une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, la Cour doit établir un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, notamment ceux de la fille du requérant, ceux de ce dernier et l’intérêt général qu’il y a à veiller au respect de l’état de droit.
62. En l’occurrence, la Cour observe que le droit de visite a été accordé au requérant par les décisions des 24 octobre 1995 et 28 mars 1996 et qu’il est toujours en vigueur, même si une procédure portant sur sa suppression, engagée par E.P., est actuellement en cours. Il est également important de noter que dès 1995, les experts ont attiré l’attention sur l’attitude négative de la mère et sur le fait que le droit de visite ne pouvait pas être réalisé sans sa coopération (paragraphe 10 ci-dessus) ; les rapports ultérieurs ont relevé chez l’enfant sa fixation pathologique à la mère et le syndrome d’aliénation parentale (paragraphe 35 ci-dessus). Il était donc plus qu’évident que le passage du temps avait en l’espèce des conséquences défavorables pour le requérant.
63. Il convient de rappeler ici que dans une affaire de ce genre, le caractère adéquat d’une mesure se juge à la rapidité de sa mise en œuvre (Maire c. Portugal, no 48206/99, § 74, CEDH 2003‑VII) ; il ressort par ailleurs du droit tchèque que, en matière de l’exécution des droits de garde et de visite, les tribunaux sont tenus d’agir sans délais inutiles et sans même que les parties le demandent.
64. Or, la Cour relève que bien que le tribunal compétent fût informé que E.P. contrecarrait dès le début toute tentative de rencontre entre le requérant et l’enfant (paragraphes 15 et 18 ci-dessus), il s’est borné pendant longtemps à une seule sommation adressée à E.P. le 15 novembre 1996, laquelle est restée manifestement inefficace. Par la suite, ce n’est que le 20 avril 1999, soit plus d’un an après que le requérant a formé sa première demande d’exécution et bien que le tuteur l’ait proposé à plusieurs reprises (paragraphe 18 ci-dessus), que le tribunal a décidé d’infliger à E.P. une amende de 2 000 CZK (environ 70 EUR). S’il est vrai que les parents ont été entre-temps invités à comparaître devant le tribunal, le 20 juillet 1998, force est de constater qu’aucune autre date ne leur a été proposée après que E.P. s’était excusée.
La deuxième et dernière amende a été infligée à E.P. le 6 octobre 2000, s’élevant à 200 CZK (7 EUR environ) pour chaque rencontre non-réalisée. Vu les circonstances de l’affaire et l’attitude damnable de la mère, la Cour considère qu’une telle mesure ne saurait être considérée comme suffisante et adéquate.
Dans ce contexte, la Cour prend note de la stupéfaction du requérant quant au fait qu’après avoir condamné E.P. à une peine de trois mois de prison avec sursis, le 22 août 2001, le tribunal a ensuite estimé que son comportement pendant la période probatoire ne justifiait pas la révocation de la faveur de sursis. Selon la Cour, cet élément a dû, en effet, renforcer E.P. dans sa conviction qu’elle pouvait impunément continuer à ne pas respecter la décision sur le droit de visite.
Par la suite, aucune démarche visant à l’exécution de son jugement n’a été entreprise par le tribunal compétent jusqu’au 6 février 2003, date à laquelle il a été décidé de reporter la décision sur la demande d’exécution introduite par le requérant le 26 mars 2002 jusqu’à l’issue définitive de la procédure portant sur la suppression du droit de visite sollicitée par E.P. Selon les dernières informations soumises à la Cour, l’élaboration du rapport d’expertise commandé dans le cadre de cette procédure se heurtait au manque de coopération de la part de E.P.
65. Il ressort donc du dossier que malgré l’existence depuis le 28 mars 1996 d’une décision définitive accordant au requérant un droit de visite, celui-ci ne s’est jamais déroulé comme prévu et il semble que l’intéressé ne tente plus aujourd’hui de le réaliser. La seule et unique tentative de rencontre a eu lieu dans un centre spécialisé le 9 juillet 2002 (paragraphe 35 ci-dessus) ; à cette occasion, les experts n’ont pu que constater que l’éducation dispensée par E.P. souffrait de sérieux manquements et que le contact entre le requérant et sa fille ne serait pas possible sans recourir d’abord à une thérapie.
Sur ce point, la Cour admet qu’un changement de circonstances pertinentes peut justifier la non-exécution d’une décision définitive portant sur la réunion du parent avec son enfant. Cependant, eu égard aux obligations positives qui découlent pour l’Etat de l’article 8 et à l’exigence générale de la prééminence du droit, la Cour doit s’assurer que ce changement de circonstances n’est pas dû à l’incapacité des autorités nationales d’adopter toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour faciliter l’exécution d’une telle décision (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 63, 24 avril 2003). Or, ce qui précède ne permet pas de dire que les autorités compétentes aient fait preuve de la diligence qui s’imposait en l’espèce.
66. Par ailleurs, compte tenu des demandes d’exécution émanant du requérant et du fait qu’il était sans cesse en contact avec le tuteur et les centres spécialisés impliqués dans l’affaire, la Cour est d’avis que l’intéressé a suffisamment manifesté sa volonté de rencontrer sa fille. Etant donné que celle-ci ne le connaissait pas et qu’une thérapie préalable ainsi qu’une assistance des spécialistes avaient été préconisées pour instaurer un contact entre eux, l’on ne saurait lui reprocher qu’il ne s’était pas rendu directement au domicile de la mineure ; eu égard au circonstances particulière de l’espèce, il est probable qu’une telle tentative n’aurait pas apporté le résultat souhaité. Par ailleurs, l’on ne saurait d’emblée écarter son argument selon lequel il craignait une autre plainte pénale de la part de E.P.
67. Au vu des faits susmentionnés, la Cour admet que la non-réalisation du droit de visite du requérant est imputable surtout au refus manifeste de la mère, puis à celui de l’enfant, programmé par cette dernière. Elle estime cependant que les tribunaux nationaux n’ont pas pris, en vue d’amener E.P. à respecter la décision donnant le droit de visite au requérant, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles dans le conflit très difficile en cause, et qu’ils ne se sont pas montrés assez rapides et systématiques dans leur recours aux différentes moyens d’exécution prévues par le droit interne. Par ailleurs, étant donné la conclusion faite par le psychologue à la suite de la rencontre du 9 juillet 2002, selon laquelle E.P. compromettait le bon développement de l’enfant (paragraphe 35 ci-dessus), la question se pose de savoir si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt de l’enfant dûment établi.
68. Dans ces conditions, l’on ne saurait imputer au requérant la responsabilité pour l’impuissance des autorités à prendre des mesures rapides et adéquates visant à instaurer des contacts effectifs entre lui et sa fille (voir, mutatis mutandis, Bove c. Italie, no 30595/02, § 50, 30 juin 2005), ni soutenir que les autorités aient entrepris des efforts appropriés pour trouver une solution à cette situation désespérée. De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont en l’espèce permis que le litige soit tranché par le simple écoulement du temps, de sorte que le rétablissement des liens entre l’intéressé et sa fille ne semble plus possible aujourd’hui.
69. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention du fait de la non-exécution du droit de visite du requérant.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
70. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à voir sa cause examinée équitablement et dans un délai raisonnable. Il dénonce en particulier des retards accusés dans la procédure d’exécution de son droit de visite et le laxisme des tribunaux face au comportement de la mère de l’enfant.
71. Le Gouvernement estime que ce grief se confond avec celui formulé sur le terrain de l’article 8 de la Convention.
72. La Cour relève que ce grief, communiqué sous l’aspect du droit à un tribunal, est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
73. En revanche, la Cour ne méconnaît pas que ce grief est étroitement lié à celui portant sur l’article 8 sous son aspect procédural. Elle rappelle à cet égard que la différence entre l’objectif visé par les garanties des articles 6 §§ 1 et 8 peut, selon les circonstances, justifier l’examen d’une même série de faits sous l’angle de l’un et l’autre articles (McMichael c. Royaume-Uni, arrêt du 24 février 1995, série A no 307‑B, § 57).
74. En l’occurrence, force est de constater que la conduite des autorités nationales lors de la procédure d’exécution du droit de visite est au cœur du grief soulevé par l’intéressé sous l’angle de l’article 8, qui est non seulement doté des exigences procédurales inhérentes mais qui va aussi de pair avec l’objectif plus large consistant à assurer le juste respect, entre autres, de la vie familiale (Sylvester c. Autriche, nos 36812/97 et 40104/98, § 76, 24 avril 2003). Selon la Cour, les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire un examen sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, a contrario, Pini et autres c. Roumanie, nos 78028/01 et 78030/01, § 167, CEDH 2004-... (extraits) ; mutatis mutandis, Fiala c. République tchèque (déc.), no 26141/03, 15 novembre 2005).
75. Dès lors, et eu égard à sa conclusion relative à la violation de l’article 8, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les allégations du requérant séparément sous l’angle de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Karadžić c. Croatie, no 35030/04, § 67, 15 décembre 2005 ; Mihailova c. Bulgarie, no 35978/02, § 107, 12 janvier 2006).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8
76. Le requérant se plaint également de subir une discrimination fondée sur le sexe. Il est évident selon lui que les autorités nationales ont favorisé E.P. en tant que mère de l’enfant car elles n’ont adopté aucune mesure efficace en vue de l’amener à respecter son droit de visite. Ainsi, elles ont préféré laisser l’enfant sous l’influence d’une mère psychiquement malade, au lieu de déployer des efforts afin de lui permettre de réaliser son droit de visite et de compenser les manquements de l’éducation dispensée par la mère.
77. Faisant valoir que le requérant n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Quant au bien-fondé, il soutient qu’aucun élément de la requête ne fait apparaître une discrimination ou différence de traitement et que les deux parents ont bénéficié de l’égalité de droits devant le tribunal.
78. La Cour observe tout d’abord que le grief du requérant coïncide dans une large mesure avec celui tiré de l’article 8 de la Convention. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet selon elle de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe de l’intéressé.
79. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
80. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
81. Au titre du préjudice moral qu’il aurait subi, le requérant réclame 1 000 euros (EUR) pour chaque mois pendant lequel il ne peut pas rencontrer sa fille et accomplir son rôle de père. Au moment de la rédaction de sa demande, il l’a chiffré à 136 000 EUR.
82. Le Gouvernement considère que les prétentions du requérant sont non fondées et excessives et que le constat de violation serait suffisant au titre d’une satisfaction équitable (Zawadka c. Pologne, no 48542/99, § 72, 23 juin 2005).
83. Eu égard aux circonstances de l’espèce de la cause, notamment au manque de diligence des autorités nationales et au fait que le requérant est privé de contact avec sa fille jusqu’à aujourd’hui, la Cour est d’avis qu’il a subi un préjudice moral considérable que le simple constat de violation ne saurait compenser. La somme réclamée à ce titre est, toutefois, exagérée.
Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue 13 000 EUR au requérant au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
84. Le requérant demande également 5 854 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 4 100 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
85. Le Gouvernement note d’abord qu’il résulte de la spécification des actes juridiques effectués devant les autorités nationales que certains frais réclamés par le requérant n’ont pas été engagés dans le but de prévenir la violation de la Convention. Puis, il considère lesdites sommes comme excessives et fait observer que le requérant a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
86. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 2 000 EUR, tous frais confondus, moins les 701 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
87. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, qui sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 13 000 EUR (treize mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) perçus du Conseil de l’Europe par la voie d’assistance judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président
[1] Environ 70 EUR.
[2] Environ 133 EUR.

CASO 3

(Fuente amordepapa.org)
Comité de filtrage/Screening Panel
AFFAIRE PSYCHEX c. SUISSE
CASE OF PSYCHEX v. SWITZERLAND
(13/1998/916/1128)
DECISION
STRASBOURG
3 juin/June 1998

En l'affaire Psychex c. Suisse[1],
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 § 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et 26 du règlement B de la Cour[2],
Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 20 mai 1998 et composé des juges dont le nom suit :
Mme E. Palm, présidente, MM. R. Pekkanen, L. Wildhaber,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la Confédération suisse et présentée à la Cour par Psychex, association de droit suisse, le 6 février 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention ;
Considérant que la Suisse a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention, dont l'article 5 amendant l'article 48 de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») de déférer l'affaire à la Cour ;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 § 1 a) et d) de la Convention ;
Vu le rapport de la Commission du 2 décembre 1997 relatif à la requête (n° 26955/95) dont Psychex avait saisi la Commission le 17 mars 1995 ;
Considérant que la requérante se plaint de n’avoir pu envoyer une lettre et d'autres documents à des personnes détenues dans un établissement psychiatrique et qu’elle allègue la violation des articles 8 (droit au respect de la correspondance), 10 (droit à la liberté d’expression), 6 § 1, 13 et 14 de la Convention ;
Considérant que le 20 mai 1997, la Commission a retenu la requête quant aux griefs tirés des articles 8 et 10 de la Convention et l’a rejetée pour le surplus ;
Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 § 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu’elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation des articles 8, 10 et 14 de la Convention ;
Vu les articles 48 de la Convention et 34 §§ 1 a), 3 et 4 du règlement B,


1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit au respect de la correspondance et à la liberté de communiquer des informations au regard des articles 8 et 10 de la Convention, tandis que l’examen du grief tiré de l’article 14 échappe à sa compétence, la Commission l’ayant déclaré irrecevable ;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission ;

2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 juin 1998 en application de l'article 34 § 4 du règlement B.



Signé : Elisabeth Palm
Présidente
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Notes du greffier
[1]. L'affaire porte le n° 13/1998/916/1128. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[2]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.


Case of Sommerfeld v. Germany
(Application no. 31871/96)
Judgment
Strasbourg, 8 July 2003
CASE OF SOMMERFELD v. GERMANY
(Application no. 31871/96)
JUDGMENT
STRASBOURG
8 July 2003
This judgment is final but may be subject to editorial revision.
In the case of Sommerfeld v. Germany,
The European Court of Human Rights, sitting as a Grand Chamber composed of:
Mr L. Wildhaber, President, Mr C.L. Rozakis, Mr G. Ress, Sir Nicolas Bratza, Mr A. Pastor Ridruejo, Mrs E. Palm, Mr P. Kūris, Mr R. Türmen, Mrs F. Tulkens, Mr P. Lorenzen, Mr K. Jungwiert, Mr J. Casadevall, Mrs H.S. Greve, Mr R. Maruste, Mr E. Levits, Mr M. Ugrekhelidze, Mrs A. Mularoni, judges,and Mr P.J. Mahoney, Registrar,
Having deliberated in private on 20 November 2002 and on 11 June 2003,
Delivers the following judgment, which was adopted on the last‑mentioned date:
PROCEDURE
1. The case originated in an application (no. 31871/96) against the Federal Republic of Germany lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by a German national, Mr Manfred Sommerfeld (“the applicant”), on 7 June 1995.
2. The applicant, who had been granted legal aid, was represented before the Court by Mrs S. Hierstetter, a lawyer practising in Munich. The German Government (“the Government”) were represented by their Agents, Mrs H. Voelskow-Thies, Ministerialdirigentin, of the Federal Ministry of Justice, at the initial stage of the proceedings, and subsequently by Mr K. Stoltenberg, Ministerialdirigent, also of the Federal Ministry of Justice.
3. The applicant alleged, in particular, that the German court decisions dismissing his request for access to his daughter, born out of wedlock, amounted to a breach of his right to respect for his family life and that he was a victim of discriminatory treatment in this respect. He also complained about a breach of his right to a fair hearing. He relied on Articles 6, 8 and 14 of the Convention.
4. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 § 2 of Protocol No. 11).
5. The application was allocated to the Fourth Section of the Court (Rule 52 § 1). Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1, composed of: Mr A. Pastor Ridruejo, President, Mr G. Ress, Mr L. Caflisch, Mr I. Cabral Barreto, Mr V. Butkevych, Mrs N. Vajić, Mr M. Pellonpää, judges, and Mr V. Berger, Section Registrar. On 12 December 2000 the application was declared partly admissible as regards the applicant’s complaints that the German court decisions dismissing his request for access to his daughter, born out of wedlock, amounted to a breach of his right to respect for his family life and that he was a victim of discriminatory treatment in this respect.
6. On 11 October 2001 the Chamber delivered its judgment in which it held, by five votes to two, that there had been a violation of Article 8 of the Convention. It also held, by five votes to two, that there had been a violation of Article 14 of the Convention, taken together with Article 8. The Chamber further held by six votes to one that there had been a violation of Article 6 of the Convention. The Chamber finally held, by five votes to two, that the respondent State was to pay the applicant (i) 55,000 (fifty-five thousand) German marks in respect of non-pecuniary damage and (ii) 2,500 (two thousand five hundred) German marks in respect of costs and expenses. The separate opinions of Mrs Vajić and Mr Pellonpää were annexed to the judgment.
7. On 9 January 2002 the Government requested, pursuant to Article 43 of the Convention and Rule 73 of the Rules of Court, that the case be referred to the Grand Chamber, contending that the Chamber should not have found violations of Article 8 and 14 of the Convention. They maintained that the Chamber had erred in its approach to the margin of appreciation left to the national courts. Referring to the Elsholz case (Elsholz v. Germany [GC], no. 25735/94, ECHR 2000-VIII), they further considered that, in the present case, the application of the former German legislation, namely section 1711 § 2 of the Civil Code, had not led to discrimination between fathers of children born out of wedlock and divorced fathers.
8. On 27 March 2002 the panel of the Grand Chamber decided to refer the case to the Grand Chamber.
9. The composition of the Grand Chamber was determined according to the provisions of Article 27 §§ 2 and 3 of the Convention and Rule 24 of the Rules of Court. Judge Costa being unable to participate in the final deliberations, he was replaced by Judge Kūris pursuant to Rule 24 § 3.
10. The applicant and the Government each filed a memorial.
THE FACTS
I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE
11. The applicant, born in 1953, is the father of the child M., born out of wedlock on 25 January 1981. The applicant acknowledged paternity of M.
12. The applicant and the child’s mother lived together at the time of the child’s birth. They separated in September 1986. The child’s mother prohibited any contact between the applicant and the child. The applicant still met M. several times at school until such contact was no longer possible. Subsequently the child’s mother married Mr W., the father of her child A., born in August 1985, W. being the common family name.
A. The first request for visiting arrangements
13. On 2 October 1990 the applicant applied to the Rostock District Court for a decision granting him a right of access to his daughter. Having heard the persons concerned, the Rostock Youth Office, in comments dated 11 April 1991, advised against a right of access. The Youth Office submitted that M. had established a close relationship with Mr. W., which would be adversely affected by contact between M. and her natural father. It also stated that M., when heard in the absence of her mother, had indicated that she was not keen to see the applicant and was suffering as a result of his continuing efforts to obtain access.
14. On 27 June 1991 M., then ten years old, was heard by a judge of the District Court. She stated that the fact that the applicant was always standing at the fence of the schoolyard disturbed her and that she did not wish to visit the applicant even if access should be ordered by the court.
15. At a court hearing on 31 July 1991, the applicant and the child’s mother declared that they would attempt to settle the question of a visiting arrangement with the assistance of the Youth Office. On 30 September 1991 the Youth Office informed the District Court that no agreement had been achieved and that M. had stated that she did not wish to see the applicant.
16. On 12 December 1991 the court ordered that a psychological expert opinion be prepared. On 9 April 1992, in one-page submissions, the psychologist of the Rostock Health Services stated that, as contact between the applicant and M. had been disrupted for six years, no diagnosis of their current relationship appeared possible. The psychologist considered that the views which the applicant and M. had expressed on the question of future contact were very different. M. was growing up in a family unit and, unlike the applicant, was not suffering from any deficits in that respect, and did not wish to have any personal contact with the applicant. He should give her the necessary time to take up contact of her own motion. The psychologist noted that she had arranged a meeting between the applicant and M. which, however, had been cancelled by M.’s stepfather.
17. On 24 June 1992 the District Court judge heard the applicant and M. in the presence of the psychological expert. M. having repeatedly stated that she did not wish to have contact with the applicant, the latter affirmed that he would withdraw his request for a right of access.
18. The applicant withdrew his request on 1 July 1992.
B. The second request for a right of access
19. On 13 September 1993 the applicant again applied to the District Court for a right of access to his daughter.
20. On 15 February 1994 the District Court judge heard the thirteen-year-old M., who stated that she did not wish to talk to the applicant or accept presents from him and that he should no longer bother her. She also said that she had a father whom she loved, though it was not her natural father. The court held a hearing with the applicant and the child’s mother on 26 April 1994.
21. On 1 June 1994 the District Court dismissed the applicant’s application.
22. The District Court noted the comments filed by the Rostock Youth Office on 6 January 1994 as well as the parents’ and the child’s statements in court. The Court also had regard to the comments filed by the Youth Office in April 1991 and to the statement submitted by the psychologist in April 1992, both in the context of the first set of access proceedings.
23. The District Court found that the applicant could not be granted access to the child. Referring to section 1711 of the Civil Code, the Court observed that the mother, having sole custody, determined the father’s access and the guardianship court could only decide to grant the father access if this was in the child’s best interest. In this respect, the court found as follows:
“On the basis of its extensive investigations, and especially its conversations with [M.] in 1992 and February 1994, this court has decided that, in the present case, access by the father to his child is by no means in her best interest.
At the age of thirteen, [M.] is certainly able to make up her own mind and has clearly rejected the idea of establishing contact with her biological father. In the court’s opinion, forcing her to see him against her will cannot be justified, since this would seriously disturb her emotional and psychological balance. Such a decision would on no account be in her best interest.
This court cannot accept the [applicant’s] sweeping statement that access is always in the child’s interest. The extent to which this is true invariably depends on circumstances. In this case, the only justifiable decision is that set out in the operative part of the judgment.
...”
24. On 17 June 1994 the Rostock Regional Court dismissed the applicant’s appeal on the following grounds:
“The appeal is admissible under section 20 of the Act on Non-Contentious Proceedings, but is unfounded. The District Court was right to refuse the applicant all access to [M.], since this is not in the child’s best interest (sections 1711 and 1634 of the Civil Code). This court also takes the view that the District Court had no cause to permit exceptions for any specific area of life. It considers that the arguments advanced in the contested decision are correct. It regards it as important that the girl [M.] – who is, after all, thirteen years old – has stated clearly and for a long time that she wants no contact with her father. The applicant should accept this clearly expressed wish in his adolescent daughter’s interest and also his own. Only if he ceased to exert pressure on her might it one day be possible for them to resume contact. The court would also point out that access to [M.] on the strength of a court order could hardly be enforced against the child’s will.”
25. On 22 July 1994 the applicant filed a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court.
26. On 19 January 1996 a panel of three judges of the Federal Constitutional Court refused to entertain the applicant’s complaint.

II. RELEVANT DOMESTIC AND INTERNATIONAL LAW
A. Legislation on family matters currently in force
27. The statutory provisions on custody and access are to be found in the German Civil Code. They have been amended on several occasions and many were repealed by the amended Law on Family Matters (Reform zum Kindschaftsrecht) of 16 December 1997 (Federal Gazette 1997, p. 2942), which came into force on 1 July 1998.

28. Section 1626 § 1 reads as follows:
“The father and the mother have the right and the duty to exercise parental authority (elterliche Sorge) over a minor child. The parental authority includes the custody (Personensorge) and the care of property (Vermögenssorge) of the child.”
29. Pursuant to section 1626a § 1, as amended, the parents of a minor child born out of wedlock jointly exercise custody if they make a declaration to that effect (declaration on joint custody) or if they marry. According to section 1684, as amended, a child is entitled to have access to both parents; each parent is obliged to have contact with, and entitled to have access to, the child. Moreover, the parents must not do anything that would harm the child’s relationship with the other parent or seriously interfere with the child’s upbringing. The family courts can determine the scope of the right of access and prescribe more specific rules for its exercise, also with regard to third parties; and they may order the parties to fulfil their obligations towards the child. The family courts can, however, restrict or suspend that right if such a measure is necessary for the child’s welfare. A decision restricting or suspending that right for a lengthy period or permanently may only be taken if the child’s well-being would otherwise be endangered. The family courts may order that the right of access be exercised in the presence of a third party, such as a Youth Office authority or an association.
B. Legislation on family matters in force at the material time
30. Before the entry into force of the amended Law on Family Matters, the relevant provision of the Civil Code concerning custody and access for a child born in wedlock was worded as follows:
Section 1634
“1. A parent not having custody has the right to personal contact with the child. The parent not having custody and the person having custody must not do anything that would harm the child’s relationship with others or seriously interfere with the child’s upbringing.
2. The family court can determine the scope of that right and can prescribe more specific rules for its exercise, also with regard to third parties; as long as no decision is made, the right, under section 1632 § 2, of the parent not having custody may be exercised throughout the period of contact. The family court can restrict or suspend that right if such a measure is necessary for the child’s welfare.
3. A parent not having custody who has a legitimate interest in obtaining information about the child’s personal circumstances may request such information from the person having custody in so far as this is in keeping with the child’s interests. The guardianship court shall rule on any dispute over the right to information.
4. Where both parents have custody and are separated not merely temporarily, the foregoing provisions shall apply mutatis mutandis.”
Section 1632 § 2 concerned the right to determine third persons’ rights of access to the child.
31. The relevant provisions of the Civil Code concerning custody of and access to a child born out of wedlock were worded as follows:
Section 1705
“Custody over a minor child born out of wedlock is exercised by the child’s mother...”
Section 1711
“1. The person having custody of the child shall determine the father’s right of access to the child. Section 1634 § 1, second sentence, applies by analogy.
2. If it is in the child’s interests to have personal contact with the father, the guardianship court can decide that the father has a right to personal contact. Section 1634 § 2 applies by analogy. The guardianship court can change its decision at any time.
3. The right to request information about the child’s personal circumstances is set out in section 1634 § 3.
4. Where appropriate, the youth office shall mediate between the father and the person who exercises the right of custody.”
C. The Act on Non-Contentious Proceedings
32. Like proceedings in other family matters, proceedings under former section 1711 § 2 of the Civil Code were governed by the Act on Non-Contentious Proceedings (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit).
33. According to section 12 of that Act, the court shall, ex officio, take the measures of investigation that are necessary to establish the relevant facts and take the evidence that appears appropriate.
34. In proceedings regarding access, the competent youth office has to be heard prior to the decision (section 49 § 1 (k)).
35. As regards the hearing of parents in custody proceedings, section 50a § 1 stipulates that the court shall hear the parents in proceedings concerning custody or the administration of the child’s assets. In matters relating to custody, the court shall, as a rule, hear the parents personally. In cases concerning placement into public care, the parents shall always be heard. According to paragraph 2 of section 50a, a parent not having custody shall be heard except where it appears that such a hearing would not contribute to the clarification of the matter.
36. Section 63 provides for the right to lodge a further appeal challenging the first appeal decision. Section 63a of the Act as in force at the material time excluded this right in proceedings concerning a natural father’s access to his child born out of wedlock. That provision has been repealed by the Law on Family Matters of 1997.
D. The Convention on the Rights of the Child
37. The human rights of children and the standards to which all governments must aspire in realising these rights for all children, are set out in the Convention on the Rights of the Child. The Convention entered into force on 2 September 1990 and has been ratified by 191 countries, including Germany.
38. The Convention spells out the basic human rights that children everywhere – without discrimination – have: the right to survival; to develop to the fullest; to protection from harmful influences, abuse and exploitation; and to participate fully in family, cultural and social life. It further protects children’s rights by setting standards in health care, education and legal, civil and social services.
39. States Parties to the Convention are obliged to develop and undertake all actions and policies in the light of the best interests of the child (Article 3). Moreover, States Parties have to ensure that a child is not separated from his or her parents against their will unless such separation is necessary for the best interests of the child; and that a child who is separated from one or both parents is entitled to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests (Article 9).
THE LAW
I. PRELIMINARY ISSUE: THE SCOPE OF THE CASE BEFORE THE COURT
40. In his memorial dated 20 June 2002, the applicant invited the Grand Chamber to re-examine the Chamber’s decision of 12 December 2000, whereby the Chamber had declared inadmissible his complaints about German court proceedings in relation to the adoption of his by then adult daughter.
41. The Court reiterates that the scope of a case referred to the Grand Chamber under Article 43 of the Convention is determined by the Chamber’s decision on admissibility (see K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, §§ 139-141, ECHR 2001-VII). The Chamber declared admissible the complaints that the German court decisions dismissing his request for access to his daughter, born out of wedlock, amounted to a breach of his right to respect for his family life and that he was a victim of discriminatory treatment in this respect. It follows that the scope of the present case before the Grand Chamber is limited exclusively to those complaints and does not extend to the complaint concerning the adoption proceedings.
II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 8 OF THE CONVENTION
42. As before the Chamber, the applicant complained that the German court decisions dismissing his second request for access to his child, born out of wedlock, amounted to a breach of Article 8 of the Convention, the relevant part of which provides:
“1. Everyone has the right to respect for his ... family life ... .
2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society ... for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.”
43. The Government requested the Court to find no violation of this provision.
A. Whether there was an interference
44. The parties agreed that the decisions refusing the applicant access to his child amounted to an interference with his right to respect for his family life, as guaranteed by Article 8 § 1. The Court takes the same view.
45. Any such interference will constitute a violation of this Article unless it is “in accordance with the law”, pursues an aim or aims that are legitimate under paragraph 2 of Article 8 and can be regarded as “necessary in a democratic society”.
B. Whether the interference was justified
46. The parties did not question the Chamber’s findings that the decisions at issue had a basis in national law, namely section 1711 § 2 of the Civil Code as in force at the relevant time, and that they were aimed at protecting the “health or morals” and the “rights and freedoms” of the child, which are legitimate aims within the meaning of paragraph 2 of Article 8.
47. It therefore remains to be examined whether the refusal of access can be considered “necessary in a democratic society”.



1. The Chamber’s judgment
48. In its judgment of 11 October 2001, the Chamber held that the competent national courts, when refusing the applicant’s request for a visiting arrangement, had relied on relevant reasons in finding that contact was not in the child’s interest (paragraphs 41-42).
49. Turning to the procedural requirements inherent in Article 8, the Chamber considered the evidence before the German courts, in particular the statements made by the child in court. It found that the failure to order a psychological report on the possibilities of establishing contact between the child and her father, the applicant, had entailed insufficient protection of the applicant’s interests in the access proceedings (paragraphs 42-44). The Chamber concluded that in these circumstances, the national authorities had overstepped their margin of appreciation, thereby violating the applicant’s rights under Article 8 of the Convention (paragraph 45).
2. The parties’ submissions
(a) The applicant
50. The applicant contended that, having regard to all the circumstances and to the strict scrutiny required in cases concerning restrictions of access, the Chamber had not unduly encroached on the margin of appreciation left to the domestic courts.
51. In his submission, the German courts had not sufficiently established whether the conditions for refusing access were met. Taking into account that the child had lived for five years with the applicant, there remained at least a suspicion that the wishes expressed by her resulted from her mother’s influence.
52. In this connection, the applicant submitted that the Chamber had examined in detail the taking of evidence by the District Court in 1994, in particular its recourse to a rather vague expert opinion filed in earlier proceedings, and the Regional Court’s failure to take fresh evidence.
53. The applicant further stressed that the child’s attitude resulted from subliminal influence by the other parent. In these circumstances it was for the German courts to ensure, of their own motion and irrespective of any request made by the applicant, that psychological expert evidence was obtained.
54. Accordingly, the Chamber had not substituted its view for that of the national courts, but had limited itself to reviewing, in the light of the Convention, the decisions taken by those authorities in the exercise of their power of appreciation.


(b) The Government
55. The Government maintained that the Chamber, in applying the necessity test under Article 8 of the Convention, had exceeded its power of review and had substituted its own evaluation for that of the domestic courts. Although stricter scrutiny was called for as regards restrictions placed by those authorities on parental rights of access, it was nevertheless for them to establish the relevant facts, that is to take and assess the evidence, as they had the benefit of direct contact with all the persons concerned.
56. In the present case, the German courts had not failed to involve the applicant in the decision-making process, seen as a whole, to a degree sufficient to provide him with the requisite protection of his interests, nor had their assessment of the evidence been arbitrary.
57. In this connection, the Government pointed out that the German courts had acted on the understanding that the child’s wishes were only relevant to the extent that they were the expression of her own free will. The courts were entitled to assess the question of whether the child was capable of forming her own free will without having recourse to an expert opinion.
58. Their decision not to obtain an expert opinion could not be regarded as arbitrary as, in their assessment, they had been able to rely not only on the age of the child, who had been thirteen at the relevant time, but also on a broad factual basis relating to several years. Since her first interview by the Youth Office at the age of nine, the child had stated that she was suffering as a result of the applicant’s efforts to obtain access and that she did not wish to meet the applicant. In the first set of proceedings concerning the request for visiting arrangements, the applicant himself had apparently accepted the child’s wish not to see him and withdrawn his request for a right of access. In the course of the proceedings relating to the second request, the child had repeated her refusal to have any contact. In these circumstances, there was no reason for the Regional Court to doubt that the child had expressed her own free will.
59. Moreover, the Government considered that the Chamber had not explained why ordering a psychological expert opinion was the only correct way of action. Thus, the Chamber had described the comments submitted by a psychologist of the local health services in 1992 as “rather superficial”. However, this psychologist had already stated that, as contact between the applicant and the child had been disrupted for six years, no diagnosis of their current relationship appeared possible. Because of the further lapse of time, a psychological examination would have been even more difficult. There was no indication that the child’s wishes were only “seemingly firm”, as assumed by the Chamber.
60. The Government added that the applicant himself had not asked for an expert opinion.
61. In these circumstances it had been reasonable for the Regional Court to refrain from conducting an oral hearing.
3. The Court’s assessment
62. In determining whether the refusal of access was “necessary in a democratic society”, the Court has to consider whether, in the light of the case as a whole, the reasons adduced to justify this measure were relevant and sufficient for the purposes of paragraph 2 of Article 8 of the Convention. Undoubtedly, consideration of what lies in the best interest of the child is of crucial importance in every case of this kind. Moreover, it must be borne in mind that the national authorities have the benefit of direct contact with all the persons concerned. It follows from these considerations that the Court’s task is not to substitute itself for the domestic authorities in the exercise of their responsibilities regarding custody and access issues, but rather to review, in the light of the Convention, the decisions taken by those authorities in the exercise of their power of appreciation (see Hokkanen v. Finland, judgment of 23 September 1994, Series A no. 299-A, p. 20, § 55, and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, §§ 65-66, ECHR 2002-I; see also Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, paragraphs 39-41 above).
63. The margin of appreciation to be accorded to the competent national authorities will vary in accordance with the nature of the issues and the importance of the interests at stake. Thus, the Court has recognised that the authorities enjoy a wide margin of appreciation, in particular when deciding on custody. However, a stricter scrutiny is called for as regards any further limitations, such as restrictions placed by those authorities on parental rights of access, and as regards any legal safeguards designed to secure an effective protection of the right of parents and children to respect for their family life. Such further limitations entail the danger that the family relations between a young child and one or both parents would be effectively curtailed (see Elsholz v. Germany [GC], no. 25735/94, § 49, ECHR 2000-VIII; and Kutzner, cited above, § 67).
64. Article 8 requires that the domestic authorities should strike a fair balance between the interests of the child and those of the parents and that, in the balancing process, particular importance should be attached to the best interests of the child which, depending on their nature and seriousness, may override those of the parents. In particular, a parent cannot be entitled under Article 8 of the Convention to have such measures taken as would harm the child’s health and development (see Elsholz, cited above, § 50; and T.P. and K.M. v. the United Kingdom [GC], no. 28945/95, § 71, ECHR 2001-V; see also Ignaccolo-Zenide v. Romania, no. 31679/96, § 94, ECHR 2000-I, and Nuutinen v. Finland, no. 32842/96, § 128, ECHR 2000-VIII).
65. In the present case, the competent German courts adduced relevant reasons to justify their decisions refusing access, namely that the then thirteen-year-old girl had expressed the clear wish not to see her father, the applicant, and had done so for several years, so that forcing her to see him would seriously disturb her emotional and psychological balance (see paragraphs 23-24 above). In those circumstances the decisions can be taken to have been made in the interest of the child (see Buscemi v. Italy, no. 29569/95, § 55, ECHR 1999-VI). On this point, the Grand Chamber shares the view of the Chamber (see paragraph 41 of the Chamber’s judgment).
66. The Court considers that it cannot satisfactorily assess whether those reasons were “sufficient” for the purposes of Article 8 § 2 without at the same time determining whether the decision-making process, seen as a whole, provided the applicant with the requisite protection of his interests (see W. v. the United Kingdom, judgment of 8 July 1987, Series A no. 121, p. 29, § 64; Elsholz, cited above, § 52; and T.P. and K.M. v. the United Kingdom cited above, § 72).
67. The Chamber concluded that the national authorities had overstepped their margin of appreciation, thereby violating the applicant’s rights under Article 8 of the Convention. In its judgment, the Chamber reasoned:
“43. The Court notes that the District Court heard the child and the parents and had regard to material obtained in a first set of access proceedings, inter alia, comments filed by a psychologist of the local health services of April 1992. The Court considers that, given the psychologist’s rather superficial submissions in the first set of proceedings, the lapse of time and bearing in mind what was at stake in the proceedings, namely, the relations between a father and his child, the District Court should not have been satisfied with hearing only the child as to her wishes on the matter without having at its disposal psychological expert evidence in order to evaluate the child’s seemingly firm wishes. Correct and complete information on the child’s relationship with the applicant as the parent seeking access to the child is an indispensable prerequisite for establishing a child’s true wishes and thereby striking a fair balance between the interests at stake. The Court further recalls that the Regional Court, which had full power to review all issues relating to the request for access, endorsed the District Court findings on the basis of the file.
44. In the Court’s opinion, the German courts’ failure to order a psychological report on the possibilities of establishing contact between the child and the applicant reveals an insufficient involvement of the applicant in the decision-making process.
...”
68. The Grand Chamber, for its part, observes that whether the decision-making process sufficiently protected a parent’s interests depends on the particular circumstances of each case.
69. In the proceedings before the District Court and the Regional Court, the applicant was placed in a position enabling him to put forward all arguments in favour of obtaining a visiting arrangement and he also had access to all relevant information which was relied on by the courts (see, mutatis mutandis, T.P. and K.M. v. the United Kingdom, cited above, §§ 78‑83, and P., C. and S. v. the United Kingdom, no. 56547/00, §§ 136‑138, ECHR 2002-VI).
70. The evidential basis for the District Court’s decision included the child’s statements in court, the parents’ submissions and comments filed by the competent Youth Office. The District Court also relied on evidence submitted in the context of the first set of access proceedings, i.e. comments filed by the Youth Office in April 1991, and a statement submitted by a psychologist in April 1992 (see paragraph 22 above). The Regional Court endorsed the District Court’s findings made on that basis (see paragraph 24 above).
71. As regards the issue of ordering a psychological report on the possibilities of establishing contact between the child and the applicant, the Court observes that as a general rule it is for the national courts to assess the evidence before them, including the means to ascertain the relevant facts (see Vidal v. Belgium, judgment of 22 April 1992, Series A no. 235-B, p. 32, § 33). It would be going too far to say that domestic courts are always required to involve a psychological expert on the issue of access to a parent not having custody, but this issue depends on the specific circumstances of each case, having due regard to the age and maturity of the child concerned.
72. In this connection, the Court notes that the girl was thirteen years old when she was heard by the District Court judge on the question of access (see paragraphs 22-23 above). The same judge had already questioned her, at the ages of ten and eleven, in the context of the first set of proceedings (see paragraphs 14, 17 and 23 above). Having had the benefit of direct contact with the girl, the District Court was well placed to evaluate her statements and to establish whether or not she was able to make up her own mind. On that basis the District Court could reasonably reach the conclusion that it was not justified to force the girl to see her father, the applicant, against her will. That decision was endorsed by the Regional Court (see paragraph 24 above).
73. In these circumstances the Court is not persuaded that the failure to obtain a psychological expert opinion on the relations between the applicant and the child constituted a flaw in the proceedings.
74. Having regard to the foregoing and to the respondent State’s margin of appreciation, the Court is satisfied that the German courts’ procedural approach was reasonable in the circumstances and provided sufficient material to reach a reasoned decision on the question of access in the particular case. The Court can therefore accept that the procedural requirements implicit in Article 8 of the Convention were complied with.
75. Accordingly, there has been no violation of Article 8 of the Convention in the present case.
III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 14 OF THE CONVENTION, TAKEN TOGETHER WITH ARTICLE 8
76. The applicant further complained that he had been a victim of discriminatory treatment in breach of Article 14 of the Convention read in conjunction with Article 8. Article 14 provides:
“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in [the] Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.”
1. The Chamber’s judgment
77. The Chamber, turning to the particular features of the present case, held that the approach taken by the German courts reflected the underlying legislation which put fathers of children born out of wedlock in a different, less favourable position than divorced fathers. In this connection, the Chamber observed that unlike the latter, natural fathers had no right of access to their children and the mother’s refusal of access could only be overridden by a court when access was “in the interest of the child”. For the Chamber, the crucial point was that the courts had not regarded contact between a child and the natural father prima facie as in the child’s interest. The Chamber considered that even though the District Court’s decision had contained the formulation that there would be a risk to the child’s mental and psychological well-being had she to take up contact with the applicant against her wish, the mother’s initial prohibition on further contact and her influence on the child had remained decisive (paragraphs 50-52).
78. As regards the justification of that difference in treatment, the Chamber, considering the particular circumstances of the instant case, was not persuaded by the Government’s argument that in general, fathers of children born out of wedlock lacked interest in contact with their children and might leave a non-marital relationship at any time, and concluded that there had been a breach of Article 14 of the Convention, taken together with Article 8 (paragraphs 53-58).

2. The parties’ submissions
(a) The applicant
79. The applicant considered that a difference in treatment between fathers of children born in wedlock and fathers of children born out of wedlock could not be justified. In his submission, the general and abstract argument that fathers of children born out of wedlock often showed no interest in contact with their children did not apply to him and, in any event, given the growing number of unmarried partnerships, it no longer corresponded to present-day conditions.
80. As regards the exclusion of the possibility of a further appeal, the decisive issue was the difference in treatment between fathers of children born in wedlock and fathers of children born out of wedlock. In the applicant’s submission, the Federal Constitutional Court’s decision referred to by the Government was outdated and did not accord with the currently recognised constitutional obligation to create for children born out of wedlock the same conditions for their physical and mental development in society as for children born in wedlock.
(b) The Government
81. The Government argued that, in the past, fathers of children born out of wedlock had frequently shown no interest in their children. Section 1711 § 2 of the Civil Code had not therefore been regarded as discriminatory (Glaichauf v. Germany, application no. 9530/81, Commission decision of 14 May 1984, unreported). The German legislature had reacted to recent changes in social attitudes with the Law of December 1997 on Family Matters. Notwithstanding this reform, section 1711 of the Civil Code had been compatible with the Convention.
82. In any event, as in the Elsholz case (Elsholz, cited above, §§ 59-61), the application of section 1711 in the applicant’s case had not amounted to discrimination. In this connection, the Government referred to the District Court’s reasoning, as endorsed by the Regional Court, that an enforceable right of access was not in the child’s interest, if she was opposed to contact and her mental and psychological well-being would be endangered thereby. Accordingly, the German courts had based their decisions not only on the ground that access would not serve the child’s well-being, but on the much stronger reason that it was incompatible with the child’s well-being.
83. The Government further considered that the exclusion of the possibility of a further appeal in access proceedings concerning a child born out of wedlock was justified (former section 63a of the Act on Non-Contentious Proceedings). They referred to the reasoning of the Federal Constitutional Court in a decision of 27 April 1989 (1 BvR 718/88), according to which the factual and legal situations of children born in wedlock and children born out of wedlock and those of their fathers were not comparable, as children born in wedlock were, as a rule, covered by the constitutional protection of existing marriages from the moment of their birth, which was not the case for children born out of wedlock. Accordingly, the legislature could reasonably give the family courts special jurisdiction in all disputes relating to marriage. In any event the differences were negligible, two levels of jurisdiction being available in both cases and the further appeal constituting the exception in access proceedings, which should be determined speedily.
3. The Court’s assessment
(a) Main principles
84. Article 14 only complements the other substantive provisions of the Convention and the Protocols. It has no independent existence since it has effect solely in relation to “the enjoyment of the rights and freedoms” safeguarded by those provisions. Although the application of Article 14 does not presuppose a breach of those provisions – and to that extent it is autonomous – there can be no room for its application unless the facts at issue fall within the ambit of one or more of the latter (see, among many other authorities, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A no. 94, p. 35, § 71, and Karlheinz Schmidt v. Germany, judgment of 18 July 1994, Series A no. 291-B, p. 32, § 22).
The Court finds that the facts of the instant case fall within the scope of Article 8 of the Convention (see paragraph 44 above) and that, accordingly, Article 14 is applicable.
(b) Section 1711 § 2 of the German Civil Code
85. As to the situation of divorced fathers of children born in wedlock in comparison with that of fathers of children born out of wedlock, the Court observes at the outset that, at the material time, the relevant provisions of the German Civil Code, namely section 1634 § 1 regarding parents not having custody of children born in wedlock and section 1711 § 2 regarding fathers of children born out of wedlock, contained different standards (see paragraphs 30-31 above). The former category of parent had a legal right to access which could be restricted or suspended if necessary in the child’s interest, whereas the latter’s personal contact depended on a favourable decision by the child’s mother or on a court ruling finding such contact to be in the child’s interest.
86. In cases arising from individual applications it is, however, not the Court’s task to examine the domestic legislation in the abstract, but it must examine the manner in which that legislation was applied to the applicant in the particular circumstances. The Court therefore does not find it necessary to consider whether the former German legislation as such, namely, section 1711 § 2 of the Civil Code, made an unjustifiable distinction between fathers of children born out of wedlock and divorced fathers, such as to be discriminatory within the meaning of Article 14 of the Convention. The question to be decided by the Court is whether the application of section 1711 § 2 of the Civil Code in the present case led to an unjustified difference in the treatment of the applicant in comparison with the case of a divorced couple (see Elsholz, cited above, § 59).
87. The conclusion of the Chamber was that the German courts had discriminated against the applicant. It reasoned as follows:
“51. The approach taken by the German courts in the present case reflects the underlying legislation which put fathers of children born out of wedlock in a different, less favourable position than divorced fathers. Unlike the latter, natural fathers had no right of access to their children and the mother’s refusal of access could only be overridden by a court when access was ‘in the interest of the child’. Under such rules and circumstances, there was evidently a heavy burden of proof on the side of a father of a child born out of wedlock. The crucial point is that the courts did not regard contact between child and natural father prima facie as in the child’s interest, a court decision granting access being the exception to the general statutory rule that the mother determined the child’s relations with the father. Even if the District Court’s decision contains the formulation that there was a risk to the child’s mental and psychological well-being if she had to take up contact with the applicant against her wish, the mother’s initial prohibition of further contact and her influence on the child remained decisive. Accordingly, there is sufficient reason to conclude that the applicant as a natural father was treated less favourably than a divorced father in proceedings to suspend his existing right of access.
52. In this context, the Court has also considered the applicant’s argument as to a procedural difference, namely, the exclusion of a further appeal under the Act on Non-Contentious Proceedings in the version in force at the relevant time.
53. For the purposes of Article 14 a difference in treatment is discriminatory if it has no objective and reasonable justification, that is if it does not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised. Moreover, the Contracting States enjoy a margin of appreciation in assessing whether and to what extent differences in otherwise similar situations justify a different treatment (see Camp and Bourimi v. the Netherlands, no. 28369/95, § 37, ECHR 2000-X).
54. According to the Court’s case-law, very weighty reasons need to be put forward before a difference in treatment on the ground of birth out of wedlock can be regarded as compatible with the Convention (see Camp and Bourimi v. the Netherlands, cited above, § 38).
55. In the present case, the Court is not persuaded by the Government’s arguments, which are based on general considerations that fathers of children born out of wedlock lack interest in contact with their children and might leave a non-marital relationship at any time.
56. Such considerations did not apply in the applicant’s case. He had acknowledged paternity and had in fact been living with the mother at the child’s birth in 1981. Their relationship only broke up several years later when the child was more than five years old. More important, he had continued to show concrete interest in contact with her for sincere motives.
57. As the Government rightly pointed out, the number of non-marital families had increased. When deciding the applicant’s case, the Regional Court stated the urgent need for legislative reform. Complaints challenging the constitutionality of this legislation were pending before the Federal Constitutional Court. The amended Law on Family Matters eventually entered into force in July 1998.
The Court wishes to make it clear that these amendments cannot in themselves be taken as demonstrating that the previous rules were contrary to the Convention. They do however show that the aim of the legislation in question, namely the protection of the interests of children and their parents, could also have been achieved without distinction on the ground of birth (see, mutatis mutandis, Inze v. Austria, judgment of 28 October 1987, Series A no. 126, p. 18, § 44).”
88. The Grand Chamber has found above, under Article 8 of the Convention, that the German court decisions refusing access were taken in the child’s interest. In this connection the Court noted the courts’ reasoning that the then thirteen-year-old girl had expressed the clear wish not to see the applicant and had done so for several years, so that forcing her to see him would seriously disturb her emotional and psychological balance. The Court also accepted that the decision-making process provided the applicant with the requisite protection of his interests.
89. The Court must therefore determine whether the interference with the applicant’s right to family life, which was in itself permissible under paragraph 2 of Article 8, occurred in a discriminatory manner (see the case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” (merits), judgment of 23 July 1968, Series A no. 6, pp. 33-34, § 9; National Union of Belgian Police v. Belgium, judgment of 27 October 1975, Series A no. 19, p. 19, § 44; Rekvényi v. Hungary [GC], no. 25390/94, ECHR 1999-III, § 67; see also East African Asians v. the United Kingdom, no. 4626/70 et al., Commission’s report of 14 December 1973, Decisions and Reports 78, p. 67, § 226).
90. The Court agrees with the Chamber that there are elements distinguishing the present case from the Elsholz case (cited above, §§ 60‑61). In the Elsholz case the Court noted that it could not be said on the facts of that case that a divorced father would have been treated more favourably. In that connection it observed that the German courts’ decisions were clearly based on the danger to the child’s development if he had to resume contact with his father, the applicant, contrary to the will of the mother, and on the finding that contact would negatively affect the child. Moreover, the Federal Constitutional Court had confirmed that the ordinary courts had applied the same test as would have been applied to a divorced father.
91. In the present case the German courts rejected the applicant’s argument that access was always in the child’s interest and held that a court ruling under section 1711 § 2 of the Civil Code depended on the circumstances. In examining the relevant facts, the courts, having regard to the statements made by the then thirteen-year-old child in court, held that she had been able to make up her own mind and had clearly rejected the idea of establishing contact with the applicant father. When reaching the conclusion that forcing her to see him against her will could not be justified, as her emotional and psychological balance would be seriously disturbed, the courts prima facie appeared to apply a test similar to that which would have been applied to a divorced father. Nevertheless, they explicitly adhered to the standard of whether access was “in the best interest of the child”. In doing so, they gave decisive weight to the mother’s initial prohibition on access and placed a burden on the applicant father which was heavier than the one on divorced fathers under section 1634 § 1 of the Civil Code.
92. As is well established in the Court’s case-law, a difference in treatment is discriminatory for the purposes of Article 14 if it has no objective and reasonable justification, that is if it does not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised. The Contracting States enjoy a margin of appreciation in assessing whether and to what extent differences in otherwise similar situations justify a different treatment (see Abdulaziz, Cabales and Balkandali, cited above, pp. 35-36, § 72).
93. The Court has already held that very weighty reasons need to be put forward before a difference in treatment on the ground of birth out of or within wedlock can be regarded as compatible with the Convention (see Mazurek v. France, no. 34406/97, § 49, ECHR 2000-II, and Camp and Bourimi v. the Netherlands, no. 28369/95, §§ 37-38, ECHR 2000-X). The same is true for a difference in the treatment of the father of a child born of a relationship where the parties were living together out of wedlock as compared with the father of a child born of a marriage-based relationship. The Court discerns no such reason in the instant case.
94. There has accordingly been a violation of Article 14 of the Convention, taken together with Article 8, in respect of the application of section 1711 § 2 of the Civil Code in the instant case.
(c). Section 63a of the Act on Non-Contentious Proceedings
95. In finding a breach of Article 14, taken together with Article 8 of the Convention, the Chamber also considered the procedural difference, namely the exclusion of the possibility of filing a further appeal under the Act on Non-Contentious Proceedings in the version in force at the relevant time (see paragraph 87 above, and § 52 of the Chamber’s judgment).
96. The Grand Chamber, like the Chamber, notes that, in the instant case, the applicant was deprived by law of the possibility of lodging a further appeal against the Regional Court’s decision refusing access to his daughter. The possibility of a further appeal, to which a father not having custody of a child born in wedlock would have been entitled, was excluded on account of the applicant’s status as the father of a child born out of wedlock, and this difference in treatment was expressly provided for in former section 63a of the Act on Non-Contentious Proceedings (see paragraph 36 above).
97. For the same reasons as those set out above in respect of the application of section 1711 § 2 of the Civil Code in the instant case, this difference in treatment cannot be regarded as compatible with the Convention.
98. Accordingly, there has also been a violation of Article 14 of the Convention, taken together with Article 8, in that the possibility of a further appeal in the access proceedings was excluded under section 63a of the Act on Non-Contentious Proceedings.
IV. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 ALONE AND TAKEN TOGETHER WITH ARTICLE 14 OF THE CONVENTION
99. In relation to his above complaints about the German court proceedings concerning his request for access to M. and the alleged discrimination against him, the applicant also relied on Article 6 § 1 of the Convention. In so far as relevant, Article 6 § 1 reads:
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair hearing ... by an independent and impartial tribunal ...”.
100. In the light of its above findings under Article 8 alone and taken together with Article 14 (see paragraphs 74-75, 94 and 98 above), the Court does not find it necessary to examine separately the applicant’s complaints under Articles 6 and 14 of the Convention.
V. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION
101. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Damage
102. The applicant originally claimed 65,000 German marks (DEM - about EUR 32,500) for non-pecuniary damage.
103. The Chamber awarded DEM 55,000 (about EUR 28,120) by way of compensation for non-pecuniary damage in respect of the violations it found of Articles 8 and 14, as he had at least lost the opportunity to ensure his interests in the access proceedings and had been the victim of procedural defects and discrimination.
104. In the present proceedings the Government submitted that the Chamber, in assessing the non-pecuniary damage sustained by the applicant, had overlooked the fact that the interruption of contact prior to his second request for access had not been attributable to the Federal Republic of Germany.
In the applicant’s submission, the Chamber’s reasoning related solely to the second set of access proceedings. In any event, he had not voluntarily withdrawn his request for access in the first set of proceedings.
105. The Grand Chamber has found a violation of Article 14 of the Convention, in conjunction with Article 8, but no violation of the substantive right to respect for family life under Article 8 itself. The discrimination in the enjoyment of the application’s right to respect for his family life must have caused him some distress and frustration, which the finding of a violation cannot on its own adequately compensate. Making an assessment on an equitable basis, the Court awards the applicant the sum of EUR 20,000 by way of compensation.
B. Costs and expenses
106. The applicant originally claimed DEM 5,000 (about EUR 2,556) for costs and expenses incurred before the German courts. Having been granted legal aid, he did not claim additional costs and expenses in respect of the proceedings before the Convention institutions.
107. The Chamber, in the absence of any receipts or other supporting documents, was not persuaded that the applicant had incurred costs and expenses in the amount claimed and awarded him DEM 2,500 (about EUR 1,278).
108. The parties have not addressed this matter in the present proceedings. The grant of legal aid continued to apply for the purposes of the Article 43 proceedings.
109. Costs and expenses will not be awarded under Article 41 unless it is established that they were actually incurred, necessarily incurred and also reasonable as to quantum (see Sunday Times v. the United Kingdom (Article 50), judgment of 6 November 1980, Series A no. 38, p. 13, § 23). Furthermore, legal costs are only recoverable in so far as they relate to the violation found (Beyeler v. Italy (Just satisfaction) [GC], no. 33202/96, § 27, 28 May 2002).
110. The Court has found a violation of Article 14 in relation to the applicant’s claim under Article 8, considering that the German court proceedings were discriminatory. Deciding on an equitable basis, it awards the applicant the sum of EUR 2,500.


C. Default interest
111. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.
FOR THESE REASONS, THE COURT
1. Holds by fourteen votes to three that there has been no violation of Article 8 of the Convention;

2. Holds by ten votes to seven that there has been a violation of Article 14 of the Convention, taken together with Article 8, in respect of the application of section 1711 § 2 of the Civil Code in the instant case;

3. Holds unanimously that there has been a violation of Article 14 of the Convention, taken together with Article 8, in that the possibility of a further appeal in the access proceedings was excluded under section 63a of the Act on Non-Contentious Proceedings;

4. Holds unanimously that it is not necessary to examine separately the applicant’s complaint under Article 6 of the Convention, whether taken alone or in conjunction with Article 14;

5. Holds by thirteen votes to four
(a) that the respondent State is to pay the applicant, within three months, the following amounts plus any tax that may be chargeable:
(i) EUR 20,000 (twenty thousand euros) in respect of non-pecuniary damage;
(ii) EUR 2,500 (two thousand five hundred euros) in respect of costs and expenses;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

6. Dismisses unanimously the remainder of the applicant’s claim for just satisfaction.
Done in English and in French, and delivered at a public hearing in the Human Rights Building, Strasbourg, on 8 July 2003.
Luzius Wildhaber President Paul Mahoney Registrar

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the following opinions are annexed to this judgment:
(a) Joint partly dissenting opinion of Mr Wildhaber, Mrs Palm, Mr Lorenzen, Mr Jungwiert, Mrs Greve, Mr Levits and Mrs Mularoni.
(b) Partly dissenting opinion of Mr Ress joined by Mr Pastor Ridruejo and Mr Türmen;

L. W.P.J.M.

JOINT PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGES WILDHABER, PALM, LORENZEN, JUNGWIERT, GREVE, LEVITS AND MULARONI
1. To our regret we are unable to join the majority in their finding of a violation of Article 14 in conjunction with Article 8. We see no reason to depart from the Court’s findings in the Elsholz case, where the Court found no violation of Article 14 in conjunction with Article 8.
2. We have a different understanding of the findings of the national courts. As a basic point we agree with the majority that the national courts when reaching their conclusions appeared to apply a test similar to that which would have been applied to a divorced father (see paragraph 91 of the judgment).
3. The majority then cite the reference in the national courts’ judgments to section 1711 § 2 of the Civil Code and their recourse to the formula of “in the child’s interest” as it appears in that provision.
In our view that is an overly formalistic approach. The Court’s task is not to examine the domestic legislation in the abstract but to examine the manner in which the legislation was applied to the applicant in the particular circumstances (see paragraph 86 of the judgment). That means that the formal reference to a particular provision of the Civil Code and the particular formulas used in the domestic judgments are not decisive. What is decisive is the substance of the national court judgment – namely, whether the treatment of the applicant as the father of a child born out of wedlock was different in comparison with that of a divorced father.
4. In the present case, the German courts found that forcing a thirteen-year-old girl to see the applicant against her will, which had been stated clearly and for a long time, would “seriously disturb her emotional and psychological balance” (paragraph 23). The courts, having regard to the child’s best interest, concluded that the only justifiable decision was not to grant access.
In such circumstances, we are not persuaded that those courts placed a burden on the applicant which was heavier than the one on divorced fathers under section 1634 § 1 of the Civil Code. In both cases access would not be granted. This means that there was no difference in treatment between the applicant and a divorced father.
5. Having regard to the above considerations, we find that the application of section 1711 § 2 of the Civil Code in the instant case did not give rise to a breach of Article 14 of the Convention, taken together with Article 8.
6. On the other hand we agree with the majority that the exclusion of the possibility of a further appeal under section 63a of the Act on Non-Contentious Proceedings amounted to discrimination against the applicant
and was therefore in breach of Article 14, taken together with Article 8 (see paragraphs 95-98 of the judgment).
PARTLY DISSENTING OPINION OF JUDGE RESS JOINED BY JUDGES PASTOR RIDRUEJO AND TÜRMEN
1. As in the case of Sahin v. Germany, we regret that we cannot agree with the majority’s opinion that there has been no violation of Article 8 in relation to the procedural requirements implicit in this Article of the Convention.
On the other hand, we share the opinion of the Grand Chamber which endorsed the view of the Fourth Section that there was no substantive violation of Article 8. The reasons given by the German courts to justify their decisions refusing access, namely that the then thirteen-year-old girl had expressed the clear wish not to see her father, the applicant, and had done so for several years, so that forcing her to see him would seriously disturb her emotional and psychological balance, are convincing and not arbitrary and, as we agree, the relevant decisions were indeed taken in the interest of the child. It is not for this Court to supervise the national courts’ findings in relation to the interests of a child except in cases where their reasoning is clearly arbitrary and would in the end harm the child’s health and development. We fully agree with the reasoning of the Grand Chamber in paragraphs 57 to 60 of the judgment and we would like to stress that it is completely wrong to assume that the Court has increasingly entered into the material elements of the best interests of children in the field of parental rights of access.
2. The fundamental issue raised by this case under Article 8 concerns the procedural requirements implicit in this Article, requirements which the Court has already developed and clarified on many occasions. It is one of the basic requirements in relation to parents’ rights of access to their children that there exist legal safeguards designed to secure the effective protection of the rights of parents and children to respect for their family life (see Elsholz v. Germany [GC], no. 25735/94, § 49, ECHR 2000-VIII; Kutzner v. Germany, no. 46544/99, §§ 65-66, ECHR 2002-I; and Covezzi and Morselli v. Italy, no. 52763/99, 9 May 2003). A decisive element of these “parental rights of access” resides in the question whether the level of involvement of the applicant in the decision-making process, seen as a whole, provided him with the requisite protection of his interests. The procedural rule should be that first established in Elsholz (cited above), namely that the domestic courts should assess the difficult question of the child’s best interest on the basis of a reasoned and up-to-date psychological report, and that the child, if possible, should be “heard” by the psychological expert and the court.
3. As the Chamber rightly stated, the District Court which heard the child and the parents had only the psychologist’s rather superficial submissions to hand, which had been prepared in the context of the first set of proceedings two years previously; it did not have at its disposal any new psychological
expert evidence in order to evaluate the child’s seemingly firm wishes. The procedural requirement to have up-to-date psychological expert evidence in order to obtain correct and complete information on the child’s relationship with the applicant as the parent seeking access to the child would seem an indispensable prerequisite for establishing a child’s true wishes and thereby striking a fair balance between the interests at stake. This procedural requirement is endorsed even more by recent research on the so-called parental alienation syndrome (“PAS”), which has been described by Richard A. Gardner in the American Journal of Forensic Psychology (2001, pp. 61-106) under the title “Should courts order PAS children to visit/reside with the alienated parent? A follow-up study”, and which has received an increasing amount of attention. Courts should therefore address the question whether parental alienation syndrome is present and what specific consequences such a syndrome could have on the child’s development and – as the Chamber put it – on the establishment of “a child’s true wishes”. It is also noteworthy that the psychologist who was heard by the District Court in the first set of proceedings in 1992 had tried to arrange a meeting between the applicant and his child, which, however, had been cancelled by the child’s stepfather (paragraph 16 of the judgment). It is true that the District Court judge, in the second set of proceedings, heard the thirteen-year-old M., who stated that she did not wish to talk to or see the applicant. However, since the last and only psychological expert opinion (a one-page submission) was submitted in April 1992, there was no other opinion about the truthfulness of the wishes expressed by the child and the question how far and how strongly she was influenced by her mother and her stepfather. To give the applicant the chance of effective participation in the proceedings, we would prefer to have adhered to the normal rule taken from Elsholz that an up-to-date psychological expert opinion is necessary to evaluate the child’s statements and to establish whether she is able to make up her own mind. The statements of a ten- or thirteen-year-old girl, whether she is heard in court or not, cannot always be decisive or even indicative of her true wishes. In such a complex situation, where the alienation of the child from her natural father by the strong influence of her mother and her stepfather can be perceived, a more thorough approach has to be taken and an effective and genuine chance of participation has to be given to the natural father.
4. As can be seen from the reasoning of the District Court in its judgment of 1 June 1994 and the Rostock Regional Court’s judgment of 17 June 1994, the law in force in the material time – that is, section 1711 (1) and (2) – strongly influenced the whole reasoning and procedure. Under German law it was the mother, having sole custody, who determined the father’s access. Only if it was in the child’s interest to have personal contact with the father could the guardianship court decide that the father had the right to such contact. It seems that this led both courts, the District Court
and the Regional Court, to place substantial, if not decisive, emphasis from the very beginning on the wishes expressed by the child. This application of section 1711 of the Civil Code placed the whole burden of proof on the applicant, requiring him to show that even against the clearly stated will of his daughter, personal contact with her biological father would be in her interest. Such proof could only be established by a thorough psychological expert opinion, which would have to include the questions whether the child had really expressed her own wishes or more or less those of her mother and her stepfather, and whether a meeting with her biological father, such as the one that the psychologist had tried to arrange in 1992, would be useful for the development of relations between the child and her biological father. The absence of a new psychological expert opinion was a clear result of the disadvantages of the legal situation of children born out of wedlock at the material time. We agree that this legislation violated Article 8 in conjunction with Article 14 of the Convention and we furthermore conclude that this violation had a direct impact on the denial of the applicant’s procedural rights inherent in Article 8 of the Convention itself.


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